Una iniciativa que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el hostigamiento sexual en las universidades acaba de ponerse sobre la mesa. La congresista Ruth Luque planteó ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la creación de un Registro Nacional de Docentes Agresores, una herramienta que impediría que profesores sancionados por violencia o acoso puedan ser contratados en otras casas de estudio 🚫👨🏫.
La propuesta fue presentada durante una reunión de trabajo sostenida con el superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Espinoza Santillán, en la que la parlamentaria expresó su preocupación por los reiterados casos de hostigamiento sexual en universidades del sur del país, especialmente en la región Puno. Según Luque, muchas denuncias no estarían siendo tramitadas de manera adecuada y, en algunos casos, terminan archivadas, dejando a las víctimas desprotegidas y a los agresores en libertad de continuar enseñando.
“Cuando una universidad archiva una denuncia, lo que hace es revictimizar y permitir que el agresor se mueva a otra institución como si nada hubiera pasado”, advirtió la legisladora.
🛑 Un registro para cerrarles el paso
El objetivo del registro nacional es claro: evitar que docentes sancionados por hostigamiento o violencia puedan volver a ejercer en otra universidad. Esta base de datos permitiría a las instituciones educativas verificar el historial disciplinario de quienes postulan a una plaza docente, cerrando una de las brechas que hoy facilita la impunidad.
El superintendente Vicente Espinoza Santillán respaldó la iniciativa y sostuvo que es una medida necesaria para acabar con el “pase libre” de agresores dentro del sistema universitario.
“Un registro de docentes sancionados impediría su traslado a otras instituciones y contribuiría a erradicar la sensación de impunidad. Solo así podremos garantizar espacios universitarios libres de violencia”, afirmó.
🧩 Universidades bajo la lupa
Ambas autoridades coincidieron en que no basta con crear un registro, sino que también se deben fortalecer los procedimientos internos de las universidades. Esto incluye hacer más rápidas las investigaciones, separar oportunamente a los docentes denunciados y aplicar medidas de protección reales para las víctimas 👩🎓🛡️.
La problemática es especialmente grave en regiones donde las redes de poder dentro de las universidades dificultan que las denuncias prosperen, generando miedo y silencio entre estudiantes y docentes afectadas.
🏛️ Denuncias en Puno y posibles sanciones
Durante la reunión, la congresista Luque también expresó su preocupación por la presunta aplicación irregular de la Ley N.° 32171 en la Universidad Nacional del Altiplano, norma que permite el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas.
El superintendente informó que la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE) ya está supervisando estos hechos y que podrían derivar en un procedimiento administrativo sancionador contra dicha casa de estudios ⚠️📑.
📅 Un paso clave contra la violencia
La propuesta de un registro nacional de docentes agresores representa un avance crucial en la protección de estudiantes y trabajadoras universitarias, en un país donde el hostigamiento sexual sigue siendo una de las formas de violencia más invisibilizadas.
El mensaje es claro: quien agrede, no puede seguir educando.
