En una carta remitida al presidente de la República, Pedro Castillo, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió que se reevalúen las designaciones ministeriales efectuadas por su gobierno “a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública”.
En la misiva, Gutiérrez precisa que si bien la designación de ministros es una facultad del presidente de la República reconocida en la Constitución, “ese acto debe, además, cumplir ineludiblemente con un conjunto de principios”.
“De acuerdo con ello el nombramiento de los citados funcionarios no sólo se encuentra sujeto a un control político posterior por parte del Congreso sino que exige al propio mandatario llevar a cabo un control constitucional previo sobre las cualidades y méritos de las personas por él elegidas”, refiere en el documento.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por su parte, en conferencia de prensa, señaló que la administración pública “no es un organismo, empresa o club privado sino que busca materializar y hacer realidad los derechos fundamentales y los servicios públicos”.
En esa línea dijo que se deben cumplir determinados estándares, uno de los cuales, mencionó, es la lucha contra la corrupción “y eso pasa, dijo, por alejar a determinadas personas que pudieran estar sentenciadas por corrupción”.
Añadió qué otro parámetro que debe tomar en cuenta el jefe de Estado al elegir a los funcionarios es que estos tengan una convicción de respeto a los derechos fundamentales.
“Aquél que no cree en la igualdad, que es misógino, homofóbico, aquél que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales y las políticas públicas y, por lo tanto, no las puede liderar; es un contrasentido”, subrayó, tras indicar que solicitará una reunión con el mandatario.
