El régimen venezolano dio este jueves 8 de enero de 2026 un paso con impacto internacional al anunciar la liberación de un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, en un movimiento que ha sido presentado como un gesto de paz y convivencia pacífica en medio de la actual crisis política del país.
El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras más relevantes del chavismo, quien informó que la decisión se tomó junto con otras instituciones del Estado y que los procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Rodríguez calificó la medida como parte de los esfuerzos para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en Venezuela, aunque no detalló cuántas personas quedarían en libertad ni bajo qué condiciones.
Este anuncio se da tras el contexto político que vive el país luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero. Tras su detención, y con Delcy Rodríguez ejerciendo como presidenta interina, el gobierno ha buscado proyectar una imagen de cambio y distensión, incluyendo este tipo de acciones humanitarias que apuntan a aliviar tensiones internas y externas.
En su mensaje, Jorge Rodríguez agradeció la intervención y acompañamiento de figuras y gobiernos internacionales, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el Estado de Catar, por su “atención pronta” a la situación venezolana, destacando que la excarcelación es un gesto unilateral del gobierno.
Organizaciones que monitorean la situación de derechos humanos en Venezuela, como Foro Penal, han estimado que al cierre de 2025 había más de 800 presos políticos en el país, incluidos aproximadamente 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad detenidas por motivos políticos o por protestar contra el gobierno. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y por qué este anuncio ha generado atención internacional.
Asimismo, alguna excarcelaciones ya conocidas —como la de ciudadanos de nacionalidad española confirmada por el gobierno de España— han sido parte de estas liberaciones iniciales, aunque todavía no se conocen detalles completos sobre otras personas beneficiadas o si se trata de liberaciones con condiciones, como prohibiciones de salida del país o restricciones legales, que han sido habituales en procesos anteriores.
Sectores de derechos humanos y familiares de detenidos han reaccionado con cautela, señalando que estas medidas son bienvenidas pero que aún queda un largo camino para una amnistía amplia y el desmantelamiento de prácticas represivas, especialmente en lugares como El Helicoide, un centro denunciado por torturas y malos tratos. La recomendación de organizaciones como Foro Penal es que se asegure que las liberaciones sean efectivas y sin condiciones que limiten las libertades individuales.
En resumen, la excarcelación de presos políticos en Venezuela, aunque sin cifras exactas por ahora, se presenta como un gesto significativo de la administración interina en un contexto de alta presión interna y externa, y podría marcar el inicio de una nueva fase —más dialogante y menos punitiva— en la política venezolana tras años de crisis.
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