El Ministerio Público inició una investigación a los congresistas que no acataron la disposición del Poder Judicial (PJ) para suspender el proceso de la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, especialistas consultados por Correo advierten que tal pesquisa no solo carece de sustento, sino que también representa un abuso de autoridad y es inconstitucional.
Para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la investigación fiscal no tiene sustento “en absoluto”, pues destacó que la Carta Magna señala que los parlamentarios no responden por su voto, así como tampoco por sus actuaciones en el Hemiciclo.
A esto se suma el hecho -añadió- que la modificación sobre la inmunidad parlamentaria no alcanza a los delitos en función. “No tiene ningún sentido que la Fiscalía inicie este tipo de investigación, porque hay una doble protección respecto a la actuación de los congresistas en el Parlamento”, sostuvo.
Para Quiroga, la Fiscalía no solo “saltó la valla”, sino que también “estaría cometiendo un abuso de autoridad”, pues no tiene competencia sobre los actos de los legisladores que son funcionales.
“Votar en el Congreso es una actividad funcional, no es una actividad privada”, dijo.
“El artículo de la inmunidad dice que no pueden ser procesados, sin autorización, del Congreso por delitos de función”, agregó el letrado.
Quiroga calificó la investigación fiscal a los parlamentarios como un error constitucional motivado por la medida cautelar que dictó la suspensión del proceso de elección del TC, pues se asume que podría haber un delito de función.
“Diría que hay un gran desconocimiento de la Fiscalía de lo que son las prerrogativas e inmunidades de los parlamentarios”, resaltó.
