El miércoles 26 de julio el cusqueño Alejandro Soto Reyes de las filas de Alianza para el Progreso (APP) juró como presidente de una mesa directiva que unió al fujimorismo y a su archienemigo, el cerronismo bajo la figura de Waldemar Cerrón.
Soto, la carta del partido de César Acuña, se instaló en el poder en medio de críticas por las denuncias penales que tiene en Cusco y Lima, que van de junio del 2000 a setiembre de 2022, cuando ya era congresista, señaló esta noche Cuarto Poder.
El dominical recordó que Soto ha sido denunciado por diversos delitos, tráfico de influencias, peculado, concusión, falsedad genérica, falsedad ideológica, estafa, entre otros.
En diciembre de 2021, Etel Marquina Rodríguez, fiscal provincial del Cusco, solicitó para el ahora presidente del Congreso ocho años y ocho meses de cárcel por un concurso real de delitos, entre ellos estafa genérica.
Era octubre de 2012. Alejandro Soto se desempeñaba como asesor legal de la empresa de transportes turísticos, Waynapicchu S.A. Ese mes firmó un contrato con el entonces presidente del directorio, Cristóbal Moro, y con el gerente general de la empresa Mario Sequeiros para la elaboración de un documento llamado “estatutos modificados de la sociedad”, por un monto de 10 mil soles. Según la fiscal Marquina, Soto nunca realizó el servicio, pero sí cobró y en exceso.
El documento señala que el 23 de octubre de 2012 Soto realizó dos cobros, 1,945 dólares mediante cheque de gerencia y 5,555 soles mediante recibo por honorarios. Tiempo después, el 12 de diciembre de 2014, el cusqueño volvió a cobrar por el mismo servicio incumplido, esta vez fueron 5,000 soles mediante cheque de gerencia y 5,555 soles con recibo por honorarios.
Soto quien ganó las elecciones al congreso con los votos de un sector de la izquierda, y encabeza hoy una alianza con el fujimorismo, guarda todavía más secretos, indicó el reportaje.
La fiscal Etel Marquina lo encontró culpable de otro hecho. El documento oficial dice a la letra. El acusado Alejandro Soto Reyes vendió a la empresa agraviada para la cual prestaba servicios como asesor legal un predio en 265 mil dólares, cuando ocho meses atrás lo compró por 5,000 mil dólares, habiendo incrementado el precio en 5,000%.
No solo ocultó que era dueño del terreno, también, según fiscalía, consignó información falsa sobre el tamaño del predio. Soto utilizó los servicios de Marco Antonio Quenta Escalante, hermano de su hombre de confianza, José Carlos Quenta Escalante para que en diciembre de 2014 emita una “memoria descriptiva del predio” que le vendió a la empresa Waynapicchu S.A. En ese documento Marco Quenta consignó falsamente que el área de terreno era 879.9 m2 cuando en realidad, medía 640.61 m2.
Soto Reyes no habría pagadoimpuestos por la venta de su terreno. Esa vez se puso de acuerdo con la entonces contadora, Datne Flores Medina para desconocer su responsabilidad y cargarle el pago de 25 mil soles por impuesto a la renta a la empresa agraviada.
El político, periodista, abogado y empresario de APP ha sido denunciado, además, en 2017, por participar en un grupo armado dirigido por un ciudadano extranjero para actuar en territorio nacional, informó Cuarto Poder.
En 2019 la tercera fiscalía provincial penal del cusco lo acusó, pero tanto en diciembre de 2020 como agosto de 2022, Alejandro Soto Reyes apeló. Esa última vez ya ocupaba una curul en el congreso.
En el año 2010, Alejandro Soto Reyes estuvo cara a cara con Víctor Abel Del Castillo, exalcalde del distrito de Santiago en Cusco. Ambos eran investigados por peculado. Según el exalcalde y la extesorera, el ahora presidente del congreso participó de la desaparición de 4,000 dólares donados por una empresa de telefonía a la municipalidad en 2008, donde Soto se desempeñaba como funcionario. El dinero que estaba en el banco, según el alcalde, fue cobrado por el guardaespaldas de Soto Reyes.
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