La candidata presidencial Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular afrontarán una nueva investigación por lavado de activos, pero esta vez por supuestas “actividades criminales” en su campaña de 2021. Y nuevamente es el fiscal José Domingo Pérez el encargado de hacerlo.
Actualmente, Fujimori es acusada por el mismo delito, por presuntamente haber recibido dinero ilícito para financiar sus actividades proselitistas de 2011 y 2016. Una de esas fuentes de dinero, según el Ministerio Público, es la empresa brasileña Odebrecht.
La indagación abierta ayer por Pérez se prolongará por los próximos 36 meses y se sustenta en los diálogos vía telefónica que sostuvieron el exoperador político Vladimiro Montesinos, detenido en la Base Naval del Callao, y el militar en retiro Pedro Rejas, en junio último.
Alega que en esas conversaciones ambos personajes trataron sobre un posible apoyo a la candidatura fujimorista. Por esa razón, requirió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informe sobre “operaciones sospechosas” que involucren a Fujimori y a su organización política.
Añade que con esa evidencia se advertiría que la organización criminal que encabezaría Fujimori “no ha cesado” en su comportamiento, como se le atribuye en las elecciones de 2011 y 2016.
El caso, sin embargo, no fue abierto de oficio por el fiscal Pérez, sino a propósito de una denuncia interpuesta por Raúl Noblecilla Olaechea, abogado del electo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo.
En comunicación con este diario, Noblecilla indicó que la denuncia “es una prueba de defensa a la democracia”.
“Esperemos con tranquilidad, el fiscal Pérez es quien mejor puede conocer esta situación y verá qué es lo pertinente hacer; ayudemos todos a que sea una prolija investigación”, expresó.
