La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el informe final sobre dos denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco de las presuntas irregularidades en la negociación con el laboratorio Sinopharm y su vacunación con este producto, caso conocido como ‘Vacunagate’.
Luego de una evaluación y debate, el grupo parlamentario concluyó que en este proceso de presunta compra direccionada de vacunas el expresidente Martín Vizcarra, el doctor Germán Málaga -a cargo de los ensayos clínicos en la Universidad Cayetano Heredia- y la exministra de Salud Pilar Mazzetti son responsables de los delitos de cohecho pasivo, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y organización criminal.
Cabe precisar que la materia de la acusación constitucional es el antejuicio político contra Martín Vizcarra por diversos delitos como concusión, colusión agravada, peculado, entre otros, los cuales serán derivados a la Comisión Permanente para su aprobación y, de ser así, enviado al Ministerio Público para que el exmandatario sea investigado por estos delitos.
El encargado de la ponencia del informe final fue el congresista de Fuerza Popular Carlos Mesía, quien advirtió “un beneficio” irregular de parte de los exfuncionarios “pese a que los médicos de la primera línea morían a causa de la COVID-19”. El parlamentario cuestionó, además, el uso irregular de parte de un lote que contaba con pocas dosis.
La hipótesis principal de este informe es que el ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm realizado en nuestro país por la Universidad Cayetano Heredia ya estaba aprobado antes de su ejecución y que esto era de conocimiento del Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y, por lo tanto, el entonces presidente Martín Vizcarra.
