Ricardo Cuenca, actual ministro de Educación, dijo hace poco que el retorno a clases parece lento, porque se prioriza la seguridad de docentes y alumnos. Estas declaraciones pueden parecer prudentes, pero no grafican la gravedad del impacto en nuestros escolares que no van a clases presenciales. Tampoco reflejan la lentitud con la que el Estado colabora con los colegios para volver a las aulas.
Perú implementó Aprendo en Casa, programa de educación a distancia para estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Debido a la limitada conectividad a Internet de cientos de miles de hogares, así como a condiciones culturales y económicas, los resultados no fueron positivos.
Si bien el 86% de estudiantes peruanos logró acceder a la estrategia estatal, solo el 19% lo hizo a través de Internet (contaban con una computadora, tablet o celular con Internet), mientras que el 74% accedió por televisión y 17% por radio. El problema es que el contenido televisivo y radial no alcanza los estándares de calidad pedagógica necesarios, porque no garantiza un nivel de participación efectiva de los estudiantes, comparable con el de la enseñanza presencial. Así, en 2020, el 32% de los estudiantes de nivel secundaria en 17 regiones desaprobó la mayoría de cursos básicos.
Según el Banco Mundial, los estudiantes peruanos enfrentarían una pérdida de 1.7 años de escolaridad, por encima del promedio de los países de América Latina y el Caribe-ALC (1.3 años). Esto debido al tiempo que las escuelas permanecen cerradas y el bajo nivel de efectividad de las estrategias implementadas por el gobierno.
Este impacto en el aprendizaje afecta el rendimiento académico. Según una estimación de los cambios del puntaje promedio en la prueba PISA –que evalúa conocimientos y habilidades en comprensión verbal y numérica–, casi 77% de estudiantes peruanos estaría por debajo del nivel mínimo.
Antes de la pandemia, el joven peruano promedio no aprovechaba su máximo potencial: era apenas 60% productivo. Bajo las condiciones actuales, el porcentaje será menor. Estas pérdidas tienen un costo económico. En promedio, un estudiante de ALC dejaría de percibir US$1,313 anuales. Si sumamos los ingresos dejados de percibir a largo plazo, se estaría hablando de US$1,700 millones, por no retornar a clases presenciales en un periodo mínimo de 10 meses.
Por ello se debe acelerar el regreso a las aulas. No hacerlo es una omisión grave que afectará nuestro futuro como país
