Indignación total generó en los familiares de las víctimas de La Cantuta y de los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), así como de los policías asesinados en el Andahuaylazo, los anuncios de los candidatos de otorgarles el indulto a Alberto Fujimori y a Antauro Humala.
Gisela Ortiz, cuyo hermano es uno de los estudiantes de la universidad La Cantuta victimados en 1992, rechaza ambos. “Es una falta de respeto a las víctimas y demuestra el nivel de atropello a la justicia y los derechos humanos de la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo”, remarcó.
Señala que la candidata de Fuerza Popular sabe bien que, de llegar a la presidencia, no podría dar ese beneficio a su padre a menos que se trate de un indulto humanitario, para lo cual existen tres requisitos: que padezca una enfermedad terminal, que sufra de enfermedad grave y las condiciones carcelarias pongan en riesgo su vida, o se le diagnostique un trastorno mental o degenerativo y que las condiciones en el penal pongan en peligro su vida.
“En este momento no se da ninguna de estas situaciones. Y lo sabe bien porque ya intentaron liberarlo con un indulto, pero la Corte Suprema lo dejó sin efecto”, explicó.
Aseguró que si pese a todo Fujimori sale libre con un beneficio irregular, los familiares de las víctimas no dudarán en protestar y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el caso está abierto bajo su supervisión.
“Nuestra vida cambió cuando se los llevaron. Han sido años de lucha judicial, pero siguen presentando acciones para torcer la justicia. ¿No nos dejarán descansar nunca?”, preguntó.
Lo mismo sienten Javier y Reyna Roca, padre y hermana del estudiante de la universidad del Callao Martín Roca, detenido en 1993 y llevado al centro de detención clandestino en los sótanos del SIE, donde fue torturado y asesinado, y meses después lo mismo le pasó a Kenneth Anzualdo. Ambos siguen desaparecidos.
“Por años hemos buscado justicia sin cansarnos. Y volveremos a pedir justicia si liberan a Fujimori”, dijo don Javier, quien desde el primer día tocó todas las puertas para saber de su hijo.
Reyna tenía 11 años cuando desapareció a Martín, pero ese día también le cambió la vida. “Hay gente que antes me decía que entendía mi dolor por lo que le sucedió a mi familia, que ahora me dicen ¿por qué tanto odio? No comprenden que solo es justicia”, expresó.
Por su parte, Marly Anzualdo, hermana del otro estudiante asesinado acotó: “Los familiares sabemos cuál es el trámite del indulto y nos preocupa muchísimo que los candidatos salgan a ofrecerlo como si no hubiera requisitos para ese beneficio”. Y efectivamente los hay, tal como sostuvo la Defensoría del Pueblo en el informe del 2018, poco después del indulto que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que quedó sin efecto meses después.
